El presidente de Uruguay, José Mujica, envió este martes al Parlamento de su país el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el objetivo de regular los servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual.
La presidencia uruguaya informó en nota de prensa que la normativa, de 183 artículos, busca contribuir a “la libertad de información, la inclusión social, la no discriminación, la promoción de la diversidad cultural, la educación y el esparcimiento”.
“El país necesita un marco normativo integral que dé garantías a la libertad de expresión, al trabajo de los periodistas y a los derechos de titulares de licencias, como una forma de adecuar los medios de comunicación a la realidad del siglo XXI”, expresó el prosecretario de la Presidencia uruguaya, Diego Cánepa.
El proyecto “promueve la producción de contenidos nacionales de calidad, sobre todo programas dirigidos a la infancia y la adolescencia, educativos y de ficción televisiva”.
Además, busca “modernizar el sector, ya que tiene en cuenta la intensa y permanente transformación tecnológica”.
Asimismo persigue la generación de “relaciones equilibradas entre las empresas que conforman los diferentes eslabones de la cadena productiva del sector”.
En la normativa, que considera que los servicios de comunicación audiovisual tienen naturaleza tanto económica como cultural, así como valor estratégico para el desarrollo nacional, “se consagran y regulan los derechos de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual en forma clara y expresa”, estableciendo el necesario marco de seguridad jurídica y el equilibrio entre sus derechos y el de las audiencias.
Se establece “plena transparencia en el proceso de concesión de autorizaciones y licencias para ejercer la titularidad de los servicios de comunicación, al tiempo que establece límites a la concentración de estos”.
El proyecto de ley propone la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA) para “proponer, implementar, monitorear y fiscalizar el cumplimiento de las políticas de los servicios de comunicación audiovisual”.
En la exposición de motivos que acompaña al proyecto remitido al Congreso se destaca que la iniciativa “ha sido concebida de conformidad con los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, como la Convención sobre Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) o los emanados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Libertad de prensa y de expresión
La propuesta incluye disposiciones relativas a los derechos de los aplicadores de los servicios de comunicación audiovisual como “la libertad de expresión e información, la prohibición de censura previa, la independencia de los medios de comunicación y la libertad editorial”.
Asimismo, se regula “la emisión de mensajes publicitarios y el uso compartido de canales radioeléctricos”.
El texto incluye artículos específicamente referidos a los derechos de los periodistas y otros trabajadores de los servicios de comunicación audiovisual.
En relación con los derechos de las personas, el proyecto promueve “el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información”.
También se tratan los derechos de “niños, niñas y adolescentes, de las personas con discapacidad”.
Agencia Venezolana de Noticias Prensa
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