Consejos comunales rodilla en tierra contra la especulación y el acaparamiento

• Consejos Comunales se activaron junto a Sundecop para luchar contra la especulación
• Contraloría social en todo el país garantiza el cumplimiento de precios justos
• Sundecop imparte talleres de formación sobre Ley de Costos y Precios Justos

“Nosotros sabemos el papel que debemos cumplir, somos quienes compramos y por eso debemos exigir los precios justos de los productos”, dijo Hermín Ruza, integrante del Frente de Empresas de Producción Socialista del Municipio San Francisco en el Zulia.

“Sundecop nos facilitó el modelo de las actas de verificación y estamos junto a voceros de otros frentes, realizando verificaciones a todos los comercios de la zona para exigir el cumplimiento de la Ley”, indicó Ruza.

La activista social espera poder transmitir la información a los demás consejos comunales de la zona y de otros municipios. También considera necesario trabajar en conjunto con todas las instituciones fiscalizadoras del Estado.

Así como Hermín, cientos de asistentes a los talleres dictados por la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop), han socializado sus conocimientos y emprendido las contralorías populares. Un seguimiento a la acciones de estas personas, constató que hay excelentes resultados.

“Trabajamos de la mano con Sundecop, los fiscales nos aclaran las dudas que van surgiendo en las fiscalizaciones”, comentó Ruza.

“Desde el principio de las fiscalizaciones en el Zulia los voceros del poder popular nos han acompañado, están en todas las inspecciones que hemos realizado”, dijo Milagros Mujica, fiscal de Sundecop. Estas contralorías sociales indican los procedimientos que deben llevar las comunidades organizadas para fiscalizar los comercios de la zona y exigir el cumplimiento de los Precios Máximos de Venta al Público (PMVP).

Durante 2013 Consejos Comunales de los estados Zulia, Monagas, Falcón y Carabobo, han recibido la instrucción. Más de 800 líderes y voceros han participado de estas convocatorias. La contraloría social es una función compartida entre las instancias del Poder Público y los ciudadanos, para garantizar que la inversión pública se realice de manera transparente y eficiente en beneficio de los intereses de la sociedad y que las actividades del sector privado no afecten los intereses colectivos o sociales.

El gobierno del presidente Chávez lanzó a inicios del año el Plan nacional Conjunto de Fiscalización e Inspección 2013 para garantizar la presencia de productos de primera necesidad en los anaqueles.

En Venezuela el acaparamiento ha sido una medida de presión de los sectores empresariales contra el gobierno revolucionario que se intensifica, sobretodo, en vísperas de procesos eleccionarios, promulgación de leyes y/o políticas que afecten sus intereses.

FIN/SUNDECOP/YU/ER