domingo, 10 de abril de 2016

El 9 de abril de 2002 la derecha llamó a un paro con sello golpista

El Nacional

El 9 de abril de 2002, la Cámara Venezolana de Trabajadores (CTV) —dirigida por Acción Democrática (AD)— y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) llamaron a un paro general, como parte de una serie de maniobras emprendidas por la derecha venezolana con el propósito de derrocar el gobierno constitucional de Hugo Chávez.

Este segundo llamado a paro se generó a pocos meses del que se llevó a cabo el 2 de diciembre de 2001, en “protesta” por la aprobación de 49 leyes habilitantes.

Esta nueva acción desestabilizadora representó el inicio y la activación del golpe de Estado del 11 de abril de 2002, que se produjo en contra de un Presidente legítimamente electo por la mayoría de la población. Esta acción insurreccional, además, condenó al pueblo a morir a manos de fuerzas opresoras, como la Policía Metropolitana (PM), administrada por el entonces alcalde Alfredo Peña, opositor al gobierno revolucionario, que disparó sus balas en contra de manifestantes en las cercanías de Miraflores.

El plan macabro fue orquestado y dirigido desde el Departamento de Estado Norteamericano y ejecutado en Venezuela por sus operadores políticos y empresariales, quienes estaban decididos, a costa de lo que fuera, a recuperar los privilegios que habían gozado por más de cuatro décadas y que perdieron con la llegada de la Revolución Bolivariana, en 1999.

Prensa escrita, radio y canales privados de televisión también se sumaron al complot y se encargaron de hacer un llamado incesante a acatar el paro convocado por los patronos.

Ante el fracaso que ya habían tenido las anteriores convocatorias, la tripartita de Fedecámaras, la CTV y los medios de comunicación dieron rienda a sus tradicionales actividades provocadoras en la Plaza Francia de Altamira y en la sede de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Chuao, con la finalidad de caldear los ánimos y crear el clima propicio para llevar adelante un golpe de Estado.

A falta de apoyo popular, la oposición jugó a socavar la gobernabilidad en la nación, por lo que emprendió la tarea de generar caos y conflicto para asaltar el poder legítimamente constituido. Asimismo, la élite empresarial de Pdvsa, que se negaba a ceder su control de la principal industria del país y rendir cuentas al pueblo, se sumó a las prácticas desestabilizadoras.

La llamada “meritocracia” no reconoció a la nueva directiva de la estatal venezolana y ejecutó acciones de sabotaje como la llamada “operación morrocoy”, a lo que se unieron cortes de suministro de combustible y toma de oficinas y refinerías, para “catalizar” el ambiente de conflicto y acelerar la convocatoria a paro.

Dictadura empresarial

El paro desembocó en un ataque aún más grave. Dos días después, el 11 de abril, los principales actores de la derecha ejecutaron el golpe de Estado y se instalaron en el Palacio de Miraflores, donde disolvieron los poderes públicos.

Al margen del marco legal, el empresario y entonces dirigente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, se autojuramentó como presidente de facto. Esta violación a los estatutos democráticos y deshonra a la voluntad del pueblo venezolano fue aplaudida y vitoreada por la oposición, que en la actualidad continúa en su cruenta guerra contra la estabilidad, en su desespero por erradicar a la Revolución Bolivariana, para entregar nuevamente la soberanía de la nación al imperio.

En cuestión de minutos el breve dictador destituyó de los cargos a los diputados principales y suplentes de la Asamblea Nacional, así como el presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Fiscal, el Contralor y el Defensor del Pueblo, y los miembros del Consejo Nacional Electoral.

En lo sucesivo comenzó la censura impuesta por los medios, acompañada de una ola de represión y vejación contra el pueblo que denunciaba el golpe de Estado y pedía que se respetara la Constitución Bolivariana.

Sin embargo, la derecha no contó con la lealtad de las Fuerzas Armadas y la resistencia del pueblo heroíco que se volcó a las calles a exigir el retorno del comandante Chávez y el respeto a la Constitución. El 13 de abril, el líder de la Revolución Bolivariana volvió al Palacio de Miraflores para continuar su lucha por reivindicar los derechos de los venezolanos y defender la soberanía de la Patria.

Respuesta al golpe continuado

Catorce años después de los sucesos de abril de 2002, la oposición venezolana apuesta por el sabotaje, la desestabilización, la violencia y su política de propiciar la ingobernabilidad en la nación.

Desde finales de 2013, factores políticos y empresariales de este sector llevan a cabo una guerra económica que incluye acciones de desabastecimiento, especulación, contrabando de extracción y ataque a la moneda para afectar las condiciones de vida de los venezolanos.

A pesar de la baja en los ingresos provenientes de las exportaciones petroleras, la respuesta del Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sido garantizar la inversión social, la defensa de los derechos de la población y los ingresos de la clase trabajadora.

Asimismo, ha llamado a reorganizar a las fuerzas sociales del país para reimpulsar la Revolución Bolivariana, y a construir la Agenda Económica Bolivariana, a través de 14 motores estratégicos que permitirán diversificar el aparato productivo.

AVN

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