Desde hace 55 años, en Venezuela se celebra el Día del Estudiante Universitario, en honor a los estudiantes que lucharon contra la dictadura impuesta por el general Marcos Pérez Jiménez.
Fue el 21 de noviembre de 1957, cuando diversas organizaciones estudiantiles de las universidades de Caracas decidieron protestar contra el anunciado plebiscito convocado por Pérez Jiménez, con la finalidad de mantener el poder.
Ese día estudiantes de las universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello irrumpieron en el Congreso de Cardiología de la UCV, a todo riesgo, para denunciar a una dictadura que no permitía el ejercicio de la libertad de expresión ni de otros derechos humanos.
La huelga estudiantil produjo una serie de comunicados que se repartieron en volantes. Pese a que la Seguridad Nacional tomó la Universidad Central, apresó a numerosos estudiantes y cerró los centros de educación superior, la manifestación estudiantil tuvo tal éxito que fue uno de los desencadenantes que concluyó en la huida de Marcos Pérez Jiménez a Santo Domingo.
Los estudiantes hicieron las manifestaciones para denunciar una dictadura que no permitía publicaciones en los diarios, debates en el Congreso ni respetaba los derechos humanos.
Estas acciones, junto con el descontento popular, civil y militar, fueron determinantes para lo que poco tiempo después viviría Venezuela, el 23 de enero de 1958, fecha clave en la historia de un país que apostó todo por vivir en un modelo democrático.
Transcurridos 55 años de esos acontecimientos los estudiantes venezolanos ratifican las conquistas de sus luchas en la Revolución Bolivariana.
Diversos movimientos estudiantiles y colectivos han surgido dentro de las universidades del país para hacer escuchar la voz de los estudiantes, que se han manifestado a favor de la transformación universitaria, con la cual se dé mayor participación e inclusión de los ciudadanos al sistema de formación superior en el territorio nacional.
Entre los desafíos con los que se ha comprometido el movimiento estudiantil destaca el trabajar para materializar el anhelo de una Universidad abierta para todos, gratuita, popular, en la que se gesten mecanismos para la participación real del estudiantado, así como la promulgación de la Ley del Poder Popular Estudiantil, instrumento legal que hará posible la conformación de los Consejos Estudiantiles.
El movimiento estudiantil revolucionario apuesta a una universidad consciente y transformadora que forme profesionales integrales, comprometidos con los intereses de la nación y con el bienestar de las comunidades.
Las reivindicaciones
Desde 1999, en el país se vienen implementando políticas, proyectos y programas sociales para garantizar el derecho a la educación gratuita y de calidad a los venezolanos.
Muestra de ello, es la Misión Sucre, programa social que desde su fundación en el año 2003, es ejemplo de inclusión de los venezolanos en el sistema de educación universitaria.
A la fecha, dicho programa social reporta una matrícula de 479.000 estudiantes en los 335 municipios del país.
Recientemente, el viceministro de Políticas Estudiantiles, Jehyson Guzmán, destacó la creación del Equipo Estadal de la Misión Sucre, para unificar criterios administrativos, pedagógicos y académicos del referido programa social en las regiones del país.
"Por ello, requerimos de estructuras que estén mucho más cerca del estudiante y del docente, de modo, que podamos ser eficientes en los procesos", añadió el funcionario.
En la Misión Sucre la participación comunitaria ha sido la base para garantizar el acceso a la educación universitaria a todos los bachilleres interesados en continuar sus estudios y transformar su condición de excluidos del subsistema de educación.
Esta alternativa educativa ofrece programas de formación en áreas como Diseño Integral, Geología y Minas, Medicina Integral Comunitaria, Estudios Jurídicos, Gestión Ambiental para el Desarrollo Local, Comunicación Social, Formación de Educadores, Informática y Administración.
UBV también es ejemplo
La Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) también se ha consolidado como ejemplo de inclusión de los venezolanos a la educación universitaria en el país. Ello queda evidenciado en los 260.000 estudiantes que a la fecha constituyen la matrícula estudiantil de la referida casa de estudios.
El rector de la UBV, Prudencio Chacón, informó que se han otorgado 220.000 títulos profesionales en las diversas áreas de formación que promueve la universidad.
La UBV, creada mediante decreto Presidencial Nº 2.517, de fecha 18 de julio de 2003, se constituye como una institución de educación superior alternativa al sistema educativo tradicional, que por años excluyó a buena parte de la población estudiantil del país.
Tiene presencia los más 335 municipios con los que cuenta el país, a través de las aldeas universitarias, y con sedes en Caracas, Zulia, Bolívar, Barinas, Falcón, Monagas, Táchira y Miranda.
Sistema de ingreso
Con la creación en 2008 del Sistema Nacional de Ingreso a la Educación Universitaria, tras la eliminación de la Prueba de Actitud Académica (PAA), se garantiza la justa distribución de los cupos entre todos los venezolanos, a través de un modelo matemático que no sólo toma en cuenta el desempeño académico de los jóvenes aspirantes, sino también su condición socio-económica, su perfil vocacional y aptitudes personales.
El coordinador del Programa Nacional de Ingreso en la Educación Universitaria de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), Richard Lobo, destacó que en 1999, cuando se aplicaba la Prueba de Aptitud Académica (PAA), se registraron 276.513 personas para optar a un cupo universitario. Ese mismo año, las universidades otorgaron a la Opsu 26.837 cupos y la institución asignó 31.624.
Asimismo, precisó que en el 2012, con el Sistema Nacional de Ingreso a la Educación Universitaria, se registraron 424.801 personas. Las universidades otorgaron a la Opsu 140.000 cupos, que fueron asignados casi en su totalidad.
"Hay un incremento. En el caso de quienes no pueden ingresar, tenemos la Misión Sucre, la cual está asignado 200.000 cupos al año", indicó Lobo.
Previo a esta modalidad, los ingresos universitarios se regían a través de la Prueba de Actitud Académica, en la cual se privilegiaba de manera enfática el promedio de notas y sólo era posible elegir tres alternativas de carreras a estudiar.
Actualmente, el Sistema Nacional de Ingreso a la Educación Universitaria ofrece la posibilidad de optar por un máximo de seis carreras o Programas Nacionales de Formación (PNF).
Asignaciones económicas
Con el propósito de contribuir con el buen desempeño y la manutención de los estudiantes de escasos recursos, la Opsu asigna entre 8.000 y 9.000 becas al año.
La asignación de 400 bolívares por estudiante se realiza mensualmente. La beca se otorga de acuerdo a los datos aportados por el estudiante al momento de realizar el registro en el Sistema Nacional de Ingreso a la Educación Universitaria.
La Opsu dispone de un equipo de profesionales que se encarga de verificar la información aportada por los estudiantes. Una vez que se hace la evaluación y se comprueban los datos, se le apertura la cuenta bancaria al estudiante en la que se hace el aporte económico directo.
Ayudas técnicas para personas con discapacidad
Unos 130.000 estudiantes universitarios con discapacidad, cursantes de distintas carreras o programas en 28 instituciones educativas del país, ahora cuentan con recursos tecnológicos y pedagógicos, además de ayudas técnicas para optimizar su calidad de vida y desempeño académico.
Esa población estudiantil manifestó la necesidad de contar con diferentes recursos tecnológicos, como: computadoras portátiles y de escritorios, software procesadores de voz, software lector de pantalla, calculadoras parlantes, lupas magnificadoras, video cámaras y grabadoras digitales.
En cuanto a los recursos pedagógicos, solicitaron la máquina Perkins, escuadras adaptadas para geometría, cajas de aritmética, regletas y punzones; mientras que para las ayudas técnicas, esta comunidad universitaria requirió sillas de ruedas, bastones, cojines antiescaras, zapatos ortopédicos y audífonos, entre otras.
En ese sentido, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria aprobó la entrega de tales recursos, en concordancia con la resolución número 2.417, referida a los Lineamientos sobre el ejercicio pleno del derecho de las personas con discapacidad a una educación superior de calidad.
De acuerdo a una nota de prensa, la primera transferencia fue por un monto superior a ocho millones de bolívares, a las instituciones universitarias que enviaron el diagnóstico de necesidades .
Prensa AVN
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