Un 18 de noviembre de 2004, el pueblo venezolano se estremeció con el asesinato del fiscal Danilo Anderson, quien investigaba el golpe de Estado del 13 de abril y el paro petrolero de los años 2002 y 2003.
El poder político-económico y la delincuencia se unieron para acabar con la vida del Fiscal Valiente, como luego fue recordado, quien solo cumplió con el deber que el Estado y el pueblo le asignaron. A ocho años de los hechos se sigue clamando justicia.
Anderson fue mano derecha del entonces Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, en la investigación seguida a más de 400 personas que rubricaron el “decreto” que respaldó al gobierno írrito de Pedro Carmona Estanga, todas están “presuntamente” implicadas en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 que permitió tal ilegalidad, así como las muertes que por estos sucesos se produjeron en Caracas.
Gracias a Anderson, quien también estuvo presente en la reapertura de la televisora del Estado,Venezolana de Televisión (VTV), el día 13 de abril de 2002, se recuperó y restableció la señal luego de que fuera sacada del aire por las fuerzas golpistas de la oposición de derecha, incluidos los dueños de medios de comunicación, para consolidar el derrocamiento del Gobierno legítimo, y evitar voces disidentes que denunciaran lo ocurrido .
Asimismo, Anderson conoció los casos por el sabotaje petrolero de 2002 y 2003 que impulsó la oposición, por lo que llevaba sobre sus hombros la gran responsabilidad de investigar a personeros involucrados en este hecho que perjudicó notablemente la economía venezolana.
Por el atentado terrorista que le quitó la vida, los hermanos Otoniel y Rolando Guevara, ambos exfuncionarios de las extintas Policía Técnica Judicial (PTJ) y de la Disip, cumplen penas de 27 años y nueve meses en prisión, y su primo Juan Bautista Guevara una condena 30 años, tras haber sido probada su participación directa (es decir autores materiales del atentado y asesinato) perpetrado ese 18 de noviembre de 2004. A 8 años de este asesinato, los medios privados implicados en el golpe de Estado, tratan de “limpiar” la imagen de los asesinos, publicando artículos “humanitarios” sobre su “injusta” condena.
Otros implicados, como Johann Peña, Pedro Lander y la “periodista” Patricia Poleo tienen alerta roja de Interpol. Estas tres personas se encuentran prófugas de la justicia venezolana, y se presume que vivan en Estados Unidos, bajo la protección de ese gobierno que no ha hecho ningún trámite para entregarlos a la justicia.
Durante el desarrollo del juicio contra los autores materiales e intelectuales del atentado, los medios privados hicieron toda clase de esfuerzos para desmeritar los testigos y las pruebas, en defensa siempre de los implicados. Y en cuanto a los prófugos, la falta de colaboración de EEUU y otros países con la justicia venezolana, hizo que el caso pasara al “archivo fiscal”, hasta tanto surjan elementos para continuarlo.
38 años de vida:
De origen humilde, nació el 29 de octubre de 1966 en Caracas, vivió en la populosa parroquia La Vega por 34 años.
Se graduó de abogado en la Universidad Central de Venezuela en 1995, se especializó en Criminología y leyes ambientales; trabajó como Inspector General de Hacienda y en el 2000 ganó un concurso de credenciales que selló su ingreso al Ministerio Público.
Fue asesinado a la edad de 38 años, luego de haber salido de clases de postgrado, el 18 de noviembre de 2004 en la calle Vargas de Los Chaguaramos, cuando estalló un artefacto explosivo C4, colocado debajo del asiento del conductor de su camioneta Toyota Autana, presuntamente activado vía teléfono celular.
En el sitio donde pereció trágicamente, hoy se erige un monolito en su memoria. La escultura ha sido blanco de ataques por desconocidos, y también se ha visto que durante pasadas marchas de la oposición siempre alguien escribía un graffiti ofensivo sobre la placa.
Archivo Fiscal:
El año 2011, en rueda de prensa por el 42 aniversario del Ministerio Público, la Fiscal Luisa Ortega Díaz explicó que el caso de investigación no está “definitivamente cerrado” sino que fue pasado a archivo fiscal.
“Sobre el archivo fiscal, señala el Código Orgánico Procesal Penal, que deben aparecer fundados elementos para su reapertura”, precisó Ortega Díaz, al tiempo que señaló que hasta el momento el Ministerio Público no ha encontrado los elementos necesarios para reabrir el caso.
“El caso no está terminado, no está definitivamente cerrado porque todavía hay asuntos pendientes qué resolver”, enfatizó entonces.
Aporrea.org/VTV
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