Ministerio Público realizó foro conmemorativo de los 26 años de la Masacre de Yumare

El Ministerio Público, a través de la Coordinación de Gestión Social, realizó este martes 08 de mayo un foro conmemorativo de los 26 años de la Masacre de Yumare, ocurrida en 1986, en el caserío La Vaca, sector Barlovento, municipio Bolívar del estado Yaracuy. 

Durante el acto enmarcado en el Plan Nacional del Delito Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, el coordinador de Gestión Social del Ministerio Público, Luis Bastardo, manifestó que ahora existe una memoria histórica en el país y que gracias a ella, se ha podido contribuir con las víctimas y los familiares de esta masacre y de otros sucesos semejantes.

Indicó que en el acto también estuvieron presentes víctimas y familiares de la masacre de Cantaura, de El Amparo, entre otras, a quienes les fueron vulnerados sus derechos durante años, “sin embargo, producto del trabajo realizado por Ministerio Público se ha apuntado a un conjunto de acciones que permitan reconstruir el pasado y hacer justicia”, acotó.

Agregó que actualmente los venezolanos pueden ver un Estado respetuoso de los derechos humanos, en el que los procesos judiciales y penales son llevados con pulcritud y la mayor celeridad posible.

Bastardo resaltó que el Ministerio Público continúa trabajando en el esclarecimiento de hechos de este tipo y que posee una comisión que investiga los casos de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante los años 1958 a 1998.

Asimismo, las palabras de apertura del mencionado foro fueron ofrecidas por el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Lara, German Ferrer, quien expresó que el Estado venezolano reivindica el nombre de las víctimas caídas en ésta y otras masacres, cuando fueron vulnerados los derechos fundamentales de las personas.

En el foro también participó Luis Machado, sobreviviente de la masacre de Yumare, quien agradeció el trabajo realizado por el Ministerio Público para esclarecer los hechos. 

Es importante recordar que el 08 de mayo de 1986, durante el gobierno de Jaime Lusinchi, nueve personas fueron torturadas y posteriormente ejecutadas por funcionarios de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención.