El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, durante su intervención en la 42° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se realiza en Bolivia, considera que en la actualidad se vive el desborde del poder de los medios de comunicación, que violentan abiertamente los derechos humanos ante el silencio de los organismos rectores en la materia, como la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Indica que “hoy en día es muchísimo más frecuente encontrar, no Estados persiguiendo a inocentes periodistas, sino emporios mediáticos persiguiendo a gobiernos que no han aceptado someterse a sus caprichos”. “¿Tenemos que defender todo esto en nombre de la libertad de expresión?, se pregunta, “basta de engaños sociales, América latina ha vivido de engaños sociales” y considera que el desarrollo de la región está relacionado con denunciar de frente estas mentiras, convertidas en lugares comunes.
Afirma que para organismos como la CIDH, el Estado siempre es el enemigo, los periodistas siempre son víctimas, sin alcanzar a entender que “cualquier poder es capaz de atentar a los derechos humanos, entre ellos el poder informativo”. “Ya basta de este relativismo moral (…)” expresa, “quieren penalizar la injuria, maravilloso, pero no vamos a aceptar doble moral ni inconsistencias, vamos a ir con prioridades, aquí en nuestra América compañeros, se acabó el neocolonialismo en nuestra Patria grande”.
“El peligro, escúcheseme bien, para la democracia, para la verdadera libertad de expresión, no somos los gobiernos que con una inmensa legitimidad democrática estamos cambiando a nuestros países sin someternos a ningún poder fáctico, el peligro es el mal periodismo y los negocios, que no han entendido que proveen un derecho y defienden sólo su poder”, señala.
Resalta la necesidad de transformar el Sistema Interamericano para estar a la altura de la realidad latinoamericana. Enumera casos de verdadera violación de derechos humanos, como la censura a la información por parte de los medios privados en Venezuela durante el golpe de estado de abril de 2002 y el desconocimiento a la legitimidad del presidente Hugo Chávez en la CIDH.
Suma el caso de los cinco antiterroristas cubanos; la criminalización de la migración; la tortura, claramente prohibida por la Convención Interamericana o Pacto de San José, que se aplica en prisiones ilegítimas como Guantánamo; o “tal vez el más grave atentado de los DD HH que sufre no sólo nuestra América sino el mundo: la absoluta supremacía del capital sobre los seres humanos”, afirma. FIN/ Ana Castañeda. Foto: Archivo.
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