El pasado 13 de mayo, la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme cumplió su primer año de gestión. El balance de lo trabajado durante este período es muy positivo. En primer lugar, se desarrolló un conjunto de investigaciones inéditas en la historia del país. Estas no sólo han dado las bases científicas a la política que adelanta el gobierno nacional en cuanto al control de armas y municiones, sino que servirán para el desarrollo de planes de desarme voluntario.
Venezuela cuenta hoy con un análisis sistemático de los marcos jurídicos nacionales e internacionales en esta materia. Asimismo, tiene un diagnóstico de las instituciones responsables de aplicar mecanismos de control de las armas y municiones, así como un sistema de geo-referencia de los homicidios ocurridos en el país. En este año, también se conocieron datos relevantes sobre el uso y disponibilidad de armas de fuego en sectores populares, además, se realizó un análisis de las datas oficiales de mortalidad, obteniéndose el perfil de las víctimas y el impacto de la violencia con armas.
Finalmente, se llevó a cabo el estudio más esperado: un inventario nacional de armas de fuego —que nos aproxima con datos reales al volumen de armas circulantes en el país y a la proyección del mercado ilegal. Los estudios —reitero: inexistentes en el pasado— contribuyen no sólo a generar la política pública y elaborar la nueva legislación sobre control de armas, municiones y desarme, sino también a desmontar las especulaciones de quienes, con falsas argumentaciones, han venido refutando sobre el tema de las armas y su presencia en la dinámica de violencia en el país.
Por otra parte, la Comisión marcó un nuevo hito en la forma de construir la política pública al desarrollar una campaña de movilización social y hacer efectiva la participación popular mediante una consulta que alcanzó a 20.745 personas en todo el país.
Producto de la consulta se pudieron analizar experiencias de violencia con armas de fuego y recopilar propuestas a los poderes públicos para enfrentar este flagelo. Este proceso permitió validar una serie de medidas especiales diseñadas por los equipos de la Comisión Presidencial, las cuales constituyen parte del marco normativo vigente.
Algunas de estas medidas fueron la prohibición de portar armas en terminales de pasajeros, en espectáculos públicos, locales que vendan bebidas alcohólicas y obras en construcción. También lo relacionado con la suspensión de la importación y comercialización de armas de fuego y municiones por un año, el registro y regularización de portes de armas, el marcaje de las municiones y la destrucción de armas incautadas —previa experticia judicial. Sobre este último punto, la suma de 130.145 armas destruidas en 2011 registra un récord en el país. Para el 2012 la Comisión Presidencial ya prevé la destrucción de al menos 15.000 armas en el primer acto público que realizará DAEX en junio.
En estas y otras áreas estratégicas seguiremos avanzando firmes en este tarea de desarmar la violencia.
Venezuela cuenta hoy con un análisis sistemático de los marcos jurídicos nacionales e internacionales en esta materia. Asimismo, tiene un diagnóstico de las instituciones responsables de aplicar mecanismos de control de las armas y municiones, así como un sistema de geo-referencia de los homicidios ocurridos en el país. En este año, también se conocieron datos relevantes sobre el uso y disponibilidad de armas de fuego en sectores populares, además, se realizó un análisis de las datas oficiales de mortalidad, obteniéndose el perfil de las víctimas y el impacto de la violencia con armas.
Finalmente, se llevó a cabo el estudio más esperado: un inventario nacional de armas de fuego —que nos aproxima con datos reales al volumen de armas circulantes en el país y a la proyección del mercado ilegal. Los estudios —reitero: inexistentes en el pasado— contribuyen no sólo a generar la política pública y elaborar la nueva legislación sobre control de armas, municiones y desarme, sino también a desmontar las especulaciones de quienes, con falsas argumentaciones, han venido refutando sobre el tema de las armas y su presencia en la dinámica de violencia en el país.
Por otra parte, la Comisión marcó un nuevo hito en la forma de construir la política pública al desarrollar una campaña de movilización social y hacer efectiva la participación popular mediante una consulta que alcanzó a 20.745 personas en todo el país.
Producto de la consulta se pudieron analizar experiencias de violencia con armas de fuego y recopilar propuestas a los poderes públicos para enfrentar este flagelo. Este proceso permitió validar una serie de medidas especiales diseñadas por los equipos de la Comisión Presidencial, las cuales constituyen parte del marco normativo vigente.
Algunas de estas medidas fueron la prohibición de portar armas en terminales de pasajeros, en espectáculos públicos, locales que vendan bebidas alcohólicas y obras en construcción. También lo relacionado con la suspensión de la importación y comercialización de armas de fuego y municiones por un año, el registro y regularización de portes de armas, el marcaje de las municiones y la destrucción de armas incautadas —previa experticia judicial. Sobre este último punto, la suma de 130.145 armas destruidas en 2011 registra un récord en el país. Para el 2012 la Comisión Presidencial ya prevé la destrucción de al menos 15.000 armas en el primer acto público que realizará DAEX en junio.
En estas y otras áreas estratégicas seguiremos avanzando firmes en este tarea de desarmar la violencia.
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