Caracas , 13 Ago. AVN.- Este martes en sesión ordinaria, la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó el Proyecto de Acuerdo en Condena a la Actuación Corrupta de la dirección política del partido de derecha Primero Justicia (PJ).
En dicho acuerdo, el Parlamento venezolano expresó su rechazo a la actuación de PJ, por ser contraria a los valores establecidos en la Constitución de Venezuela.
Además, expresa el respaldo de la AN a la lucha que declaró el presidente de la República, Nicolás Maduro, contra la corrupción en todas sus modalidades e instancias.
También, de acuerdo con información reseñada en el portal web del Parlamento, se acordó la designación de una Comisión Especial para que profundice las investigaciones sobre los casos de corrupción en los que presuntamente están implicados dirigentes de Primero Justicia, y recaude las pruebas necesarias para consignarlas ante el Ministerio Público.
De las pruebas presentadas este martes
El proponente del acuerdo fue el diputado Andrés Eloy Méndez, quien presentó este martes pruebas en contra Oscar López Colina, dirigente de PJ y director del despacho de la Gobernación de Miranda, por estar presuntamente incurso en legitimación de capitales y defraudación tributaria.
Méndez refirió que el también jefe de finanzas de Henrique Capriles habría cancelado, entre el 17 y 18 de abril de 2013, 1.2 millardos de bolívares de la anterior denominación monetaria (1.200.000 bolívares actuales) a la empresa de festejos Servicios Todelca C.A.
Dijo que estos pagos se realizaron fuera de la campaña electoral presidencial y fueron sufragados por el bolsillo de López Colina y no a través de una figura jurídica como establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre).
Los gastos por concepto de campañas electorales deben ser presentados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el reglamento de la Lopre menciona en el artículo 257 que no se permite financiamiento a campañas a través de aportes anónimos, donaciones o actividades ilícitas.
El pasado 8 de agosto, el diputado denunció que entre enero y mayo 2012, López Colina pagó por cuenta propia más de 273.000 bolívares a la referida empresa de festejos para actos electorales; sin embargo, el monto en una de las dos cuentas de López Colina era de Bs. 107.000, cifra que no llega a la mitad del total a cancelar.
Una red de prostitución
José Ávila, diputado por el estado Carabobo, también denunció este martes que dirigentes de Primero Justicia habrían generado una red de prostitución en el país.
En la sesión ordinaria, mostró imágenes fotográficas en las que se observa al dirigente del partido aurinegro y director del despacho de la Gobernación de Miranda, Oscar López Colina, compartiendo con presuntos integrantes de dicha red de prostitución.
"Se está debatiendo y se ha denunciado una red de corrupción y de prostitución, encabezada por un funcionario público y que está direccionado desde la Gobernación de Miranda, se está hablando de un funcionario de nombre Oscar José López Colina, con pruebas en la mano. No se está actuando de manera irresponsable", expresó en transmisión del canal de la AN (ANTV).
En su intervención en la sesión ordinaria, Ávila añadió: "Han llegado al punto de generar una red de prostitución. Prostituyen hombres, mujeres, y sigue la investigación. Hemos detectado unas empresas que tienen como fachada el modelaje, y desde allí, agarran a hombres y mujeres para prostituirlos".
Denuncias pasadas
La Asociación Civil Primero Justicia fue fundada en 1992 por un grupo de estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello, vinculados al partido puntofijista Copei.
Dicha "asociación" recibió una donación de 70.070.000 bolívares por parte de la División Servicios de PDVSA, Petróleo y Gas S.A, en la que Antonieta Mendoza de López, Gerente de Asuntos Públicos y madre de Leopoldo López, trabajaba.
El cheque fue recibido por Julio Borges en diciembre de 1998; dato que consta en un cartel de prensa publicado por la Contraloría General de la República el 7 de octubre de 2003, en el que se notifica la investigación abierta por las irregularidades cometidas en el manejo de fondos de la petrolera.
En septiembre del año pasado, el diputado revolucionario Julio Chávez presentó un vídeo en el que se observa a Juan Carlos Caldera, de Primero Justicia, recibiendo una alta suma de dinero por parte de otra figura masculina, al parecer para financiar la campaña presidencial del excandidato Henrique Capriles Radonski para las elecciones del 7 de octubre 2012.
A raíz de esa grabación, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público solicitó al Tribunal Supremo de Justicia un antejuicio de mérito contra Caldera, diputado a la Asamblea Nacional por Primero Justicia.
La Fiscalía consideró que el parlamentario está implicado en los delitos de suposición de valimiento, previsto en la Ley Contra la Corrupción, así como en el delito de legitimación de capitales, establecido en la Ley Orgánica contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al terrorismo.
El pasado 30 de julio, la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional levantó la inmunidad parlamentaria al diputado de Primero Justicia Richard Mardo, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente el antejuicio de mérito por estar presuntamente incurso en los delitos de defraudación tributaria y legitimación de capitales.
Tras más de dos horas de deliberaciones, en la que intervinieron diputados del bloque bolivariano y de la oposición, se procedió a cumplir con la solicitud hecha por el TSJ para que se discutiera sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado de Primero Justicia, con el objetivo de cumplir con el procedimiento del juicio.
Mardo habría incurrido presuntamente en los delitos de ocultamiento de altas sumas de dinero, que habrían ingresado a sus cuentas bancarias sin haber sido declaradas al Fisco Nacional y cuyo origen y destino no son claros.
El diputado habría recibido 2.449.724 bolívares en algunas de sus 14 cuentas bancarias durante el período 2009-2012, que fueron entregadas presuntamente por personas naturales y representantes de empresas, algunas de las cuales se desconoce la actividad que realizan.
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